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    Somos Abogados expertos en Ley de extranjería

    La ley de extranjeria es la norma española que regula la entrada y estancia de los extranjeros extracomunitarios en el territorio español, así como los derechos y libertades que se les reconocen, desarrollado actualmente por el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril (BOE de 30 de abril), que deroga al anterior Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre.

    La Ley comprende setenta y un artículos estructurados en cinco títulos. El Título Preliminar contiene disposiciones generales y los demás hacen referencia, respectivamente, a los derechos y libertades de los extranjeros, su régimen jurídico, las infracciones en materia de extranjería y el procedimiento sancionador y la coordinación de los poderes públicos.

    Es relevante que se acuda a un abogado especialista en ley de extranjería para la tramitación de los procedimientos regulados en esta ley tales como permisos de residencia y de trabajo, reagrupación familiar, para conseguir la nacionalidad española, para gestionar expedientes de expulsión, etc.

    Procedimiento y tramites de la ley de extranjería

    En cuanto al procedimiento y los trámites para obtener la residencia en España, debemos diferenciar dos regímenes: el Régimen General de Extranjería o Régimen de la de la UE,  dependiendo del país de procedencia de sujeto.

    Pues bien, si los ciudadanos extranjeros no pertenecen a un Estado miembro de la UE, y que tienen por objetivo la estancia en España con fines de estudios, residencia, laboral, etc., deben solicitar y obtener una autorización para ello.

    El Régimen General de Extranjería (normativas básicas aplicables: Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero conocida como Ley de Extranjería, y Real Decreto 557/2011 de 20 de abril) se aplica a los ciudadanos de otros Estados.

    Al Régimen Comunitario (normativa básica aplicable: Real Decreto 240/2007 de 16 de febrero) se acogen los ciudadanos de Estados miembros de la Unión Europea, los del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (Islandia, Liechtenstein y Noruega) y los de Suiza, así como sus familiares.

    Ley de extranjería en España

    La LO 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social se conoce como ley de extranjería en España. Se considera extranjeros, a los efectos de aplicación de dicha Ley, los que carezcan de la nacionalidad española.

    Los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea y aquellos a quienes sea de aplicación el régimen comunitario se regirán por las normas que lo regulan, siéndoles de aplicación la presente ley en aquellos aspectos que pudieran ser más favorables. Dicha ley fue objeto de reforma por las siguientes las leyes orgánicas: 8/2000, de 22 de diciembre, 11/2003, de 29 de septiembre, 14/2003, de 20 de noviembre, 2/2009, de 11 de diciembre, 10/2011, de 27 de julio, rdl 16/2012, de 20 de abril, por la sentencia del tribunal constitucional de 31 de enero de 2013 y lo 4/2013, de 28 de junio, de reforma del CGPJ.

    Abogado experto en Derecho de Extranjería

    El derecho de extranjería es aquella rama del ordenamiento jurídico que se encarga de regular los derechos y deberes de los extranjeros en España. El objetivo de la ley es favorecer la “inmigración legal” en detrimento de la “inmigración ilegal”, ofreciendo al a los inmigrantes establecidos en nuestro país regularizar su situación en el menor plazo de tiempo posible.

    Es por la complejidad de los trámites obligatorios por lo que se hace necesaria la intervención de un abogado especialista en derecho de extranjería.

    Su abogado experto en Derecho de asilo

    El problema con el que en la práctica nos enfrentamos entorno al derecho de asilo es que los refugiados no ejercen este derecho porque no son conscientes ni están informados acerca del mismo.

    Una vez que culmina la primera asistencia humanitaria, se inicia en dependencias policiales el procedimiento de devolución. Es en este punto en el que se da una entrevista del inmigrante con un abogado derecho de asilo.  

    La carencia de información sobre el derecho a solicitar asilo pueden conducir a una posible expulsión o devolución que va en contra al principio de no devolución y a la desprotección de personas vulnerables que deberían estar protegidas por la Ley de Asilo.

    La Ley 12/2009 de 30 de octubre reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria

    La Ley 12/2009 de 30 de octubre reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, tiene como objeto establecer los términos en que las personas nacionales de los países no pertenecientes a la UE, y los apátridas, gozarán en España de la protección internacional constituida por el derecho de asilo, y la protección subsidiaria.  

    El artículo 3 de la ley establece que “la condición de refugiado se reconoce a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de genero u orientación sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país, o al apátrida que, careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, por los mismos motivos no puede o, a causa de dichos temores, no quiere regresar a él, y no esté incurso en alguna de las causas de exclusión del artículo 8 o de las causas de denegación o revocación del artículo 9”.

    De acuerdo con el artículo 4 de la Ley 12/2009 las personas que solicitan protección internacional pueden ser beneficiarias de la llamada protección subsidiaria/asilo en aquellos casos en los que las autoridades aprecien la existencia de motivos fundados para creer que si regresasen a su país de origen se enfrentarían a un riesgo real de sufrir alguno de los daños graves previstos en la ley, a pesar de no reunir los requisitos para ser reconocidas como refugiadas según la Convención de Ginebra de 1951.

    Será relevante para tramitar la solicitud de asilo contar con la asistencia letrada de un abogado especialista esta materia.

    Su abogado experto en Derecho de asilo en España

    El derecho de asilo en España se traduce en la garantía del solicitante de asilo de ser estar bajo el amparo de la protección internacional. Mientras no se haya obtenido una respuesta definitiva (resolución), cualquier proceso de devolución, expulsión o extradición que pudiera afectar al solicitante quedará en suspenso.

    Es lo que se conoce como principio de no devolución (“non – refoulement” en francés) e implica el derecho a no ser devuelto a un lugar donde la vida o integridad física del solicitante de asilo corra peligro.

    El derecho de asilo y la Constitución Española

    La Constitución recoge en el apartado 4 que: “La ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España.” Pues bien, dicho precepto ha sido objeto de desarrollo por La Ley 12/2009 de 30 de octubre reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria.

    ¿Que es el derecho de asilo?

    Cuando nos referimos a la figura del asilo, puede parecer que nos estamos refiriendo a una mera cuestión humanitaria, cuando en realidad se trata de un verdadero derecho.

    Si nos planteamos que es el derecho de asilo, debemos decir que como norma positiva está regulado por el Derecho Internacional y es una obligación de los Estados, y que está recogido como derecho humano fundamental en el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y desarrollado en la Convención de Ginebra de 1951 y su protocolo (Protocolo de Nueva York de 1967), y está incluido en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 2007.

    Los derechos que la legislación española recoge para los solicitantes de protección internacional son los siguientes y es importante conocerlos:

    • Derecho a asistencia jurídica gratuita e intérprete.
    • Derecho a que se comunique su solicitud a ACNUR.
    • Derecho a la suspensión de cualquier proceso de devolución, expulsión o extradición que pudiera afectar al solicitante (derecho a no ser devuelto a un lugar donde su vida o integridad física corra peligro).
    • Derecho a conocer el contenido del expediente en cualquier momento.
    • Derecho a la atención sanitaria.
    • Derecho a recibir prestaciones sociales específicas en los términos que se recogen en la Ley
    • Derecho a ser documentado como solicitante de protección internacional.
    • Asimismo, los solicitantes de protección internacional tienen las siguientes obligaciones:
    • Cooperar con las autoridades españolas en el procedimiento para la concesión de protección internacional.
    • Presentar, lo antes posible, todos aquellos elementos que, junto a su propia declaración, contribuyan a fundamentar su solicitud. Entre otros, podrán presentar la documentación de que dispongan sobre su identidad, edad, nacionalidad o nacionalidades, pasado —incluido el de parientes relacionados—, lugares de anterior residencia, solicitudes de protección internacional previas, itinerarios de viaje, documentos de viaje y motivos por los que solicita la protección.
    • Proporcionar sus huellas dactilares, permitir ser fotografiados y, en su caso, consentir que sean grabadas sus declaraciones, siempre que hayan sido previamente informados sobre ello.
    • Informar sobre su domicilio en España y cualquier cambio que se produzca en él. (Hay que tener en cuenta que cualquier comunicación por parte de las autoridades será notificada a este domicilio).
    • Informar, asimismo, a la autoridad competente o comparecer ante ella, cuando así se les requiera con relación a cualquier circunstancia de su solicitud. El incumplimiento de esta obligación, así como la no renovación de la documentación de la que se hubiera provisto al solicitante, puede dar lugar al archivo de la solicitud en el plazo de un mes según la legislación vigente.

    Su abogado experto en Derecho de inmigración

    La libre circulación de las personas, así como la libertad de residencia, son derechos humanos básicos y, sin embargo, no se considera como tal el derecho a inmigrar. Conforme a las normas internacionales, existe un derecho de salida del propio país, pero, en cambio, nada se dice acerca del de entrada en otro, salvo en los casos en que se huya de persecución, ya sea política, étnica o religiosa, en cuyo caso es de aplicación el derecho de asilo.

    Encontramos una referencia expresa en la Declaración Universal de 1948 (DHUD), cuyo artículo 13 proclama: “1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. 2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país”.

    Sin embargo, el desarrollo legal de dicho derecho se deja al arbitrio de los estados receptores, es por ello por lo que es preceptiva la intervención de un abogado derecho de inmigracion en todos los procedimientos de expulsión y devolución según el artículo 22 de la LO 4/2000.

    Su abogado experto en Derecho migratorio

    El derecho migratorio es el marco jurídico internacional dimanante de diversas fuentes del derecho internacional que se aplican al movimiento de personas dentro de los Estados o entre ellos y regulan la competencia y las obligaciones de los Estados; la condición jurídica, los derechos y los deberes de los migrantes; y la cooperación internacional.  

    Estas ramas son, entre otras: el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho del trabajo, el derecho humanitario, el derecho del mar, el derecho marítimo, el derecho penal internacional, el derecho consular, el derecho de los refugiados y el derecho en materia de nacionalidad.  

    Aunque históricamente, la migración era regulada únicamente por medio de normativa, existen normas internacionales que revelan cierto nivel de cooperación tales como la Convención sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familiares, o el Pacto Global para una Migración Segura, Ordenada y Regular (el primer acuerdo intergubernamental sobre la temática, firmado bajo el auspicio de las Naciones Unidas en Marruecos, en diciembre de 2018).

    Un nuevo marco para la inmigración cualificada de los extranjeros ciudadanos de otros Estados se ha sido introducido por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, y su modificación por disposición final undécima la Ley 25/2015, de 28 de julio.  

    Esta Ley tiene por objetivo fortalecer la movilidad internacional de profesionales y directivos, atraer la inversión extranjera a España, y establece un sistema ágil y específico de concesión de visados y autorizaciones de residencia.

    Para este tipo de trámites será conveniente valerse de un abogado derecho migratorio que tenga conocimiento acerca de los procedimientos y la documentación a entregar.

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